En un diario de Valladolid 01.02.2012 aparece la noticia informando de una reunión habida el día anterior en la Comisión de Hacienda de las Cortes de CyL, donde se rechazó que se vinculen, las ayudas y subvenciones que la Junta concede a los entes locales de la Comunidad, con el cumplimiento de las obligaciones legales de presentar sus cuentas en tiempo y forma ante el Consejo de Cuentas. Propuesta que anteriormente ya había hecho el propio Presidente de este Consejo ante las Cortes y la Junta y que sirvió para completar papeleras.
Parece que el problema de no presentar la preceptiva información por parte de las empresas públicas viene agudizándose, y ya en el último año, solo un 57% de los obligados a ello han presentado sus cuentas ante el mencionado Consejo. Y esto parece ser la base de la feliz idea; como cada año se les hace menos caso, deciden desvincular las ayudas y subvenciones de los informes que presenten, y si no hay informes no se podrá saber que estarán haciendo con nuestro dinero, que es lo que pretenden. Se intuye que habrá empresas que reciban ayudas y subvenciones incluso sin pedirlas.
En la misma noticia se menciona el caso de SOTUR, Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León, en su informe del 2007 se detectan irregularidades en la contratación de personal y de contratos con un abuso de la selección directa. Habría que premiar al “dedo” que tanto trabajo evita pero no ahorra. El informe ha tardado 5 años en llegar a destino y sus conclusiones no son tenidas en cuenta ¿para qué sirven estos informes?
Analizando el costo de este asunto es para echarse a temblar. Lo más significativo:
a) el Consejo tiene un Presupuesto de 7 millones de euros/año y un edificio emblemático en Palencia.
b) si hay 4.713 entidades obligadas a enviar informe, podemos preguntarnos cuantos salarios hay en cada una de esas entidades dedicados exclusivamente a la “elaboración y cosmética” de estos informes.
c) su paso por la Comisión de Hacienda de las Cortes ¿cuánto nos cuesta un día de Cortes?
Es evidente, los políticos no tienen interés en vincular las ayudas y subvenciones a ningún control, porque dado que son polivalentes por ley (en ningún cargo político se exige formación previa), se pueden encontrar hoy a un lado de la barrera de control y mañana su partido (agencia de colocación) le ha trasladado al otro lado, y no estaría bien visto que un político tropezase con una barrera que ayudó a montar. No parece que quieran poner remedio al asunto para que todo siga igual, ni se enteran, ni quieren saber que en ese caldo de cultivo ha nacido la casi totalidad de los casos de corrupción “Made in Spain”. ¡Viva el caos y el descontrol que de ahí sacaré partido!, parece ser el lema.
¡Fenomenal; esta noticia ya nos ha dejado tranquilos! Ahora ya sabemos que existen los Consejos de Cuentas (incluido el de Simancas que controla Pepote), y qué dinero nos cuestan, y qué ineficaces resultan, y qué infrautilizado están, y cuánto dinero están manejando sin conocer su uso ni destino (aunque lo supongamos), etc.
De todo esto se desprende una conclusión: que no parece que quieran poner remedio al asunto y por tanto todo seguirá igual, lo que nos lleva a proponer formalmente que todos esos cargos públicos, que ni cumplen ni exigen que se cumpla la ley, desaparezcan como medida de AUSTERIDAD, en lugar de aplicar RECORTES indiscriminados a toda la ciudadanía.
Lucas.
